Apenas diez sentencias se han dictado por violaciones de DDHH desde el 2001

El 92% de los casos sigue en investigación, sea en el Ministerio Público o en diversas instancias del Poder Judicial.

La judicialización de casos por violaciones a derechos humanos avanza con preocupante lentitud, advirtió el último informe de la Defensoría del Pueblo sobre la actuación del Estado frente a las víctimas de la violencia política.

De los 192 casos presentados desde el 2001 por esta institución, la Comisión de la Verdad y Reconciliación (CVR) y los que forman parte del acuerdo amistoso entre el Perú y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, tan solo diez cuentan con una sentencia, cinco de ellas condenatorias y otras cinco absolutorias; pero además otros seis casos han sido archivados por diversos motivos.

Los casos con condena son: la desaparición forzada de autoridades de Chuschi, así como del estudiante Ernesto Castillo Páez, el asesinato de colonos de Pichanaki, el del periodista ayacuchano Hugo Bustíos y la masacre senderista de Lucanamarca. Sin embargo, solo dos han sido ratificados en última instancia.

MUCHOS CASOS PENDIENTES

Los 176 expedientes restantes se encuentran pendientes de investigación, sea en el Ministerio Público o en diversas instancias del Poder Judicial. Esto es el 92% de los casos de violaciones a los derechos humanos que están en el sistema judicial. Y de estos, 153 esperan justicia desde hace siete años.

"Nosotros creemos que siete años es demasiado tiempo para las víctimas y sus familiares, mucho más cuando los hechos ocurrieron hace 10 o 20 años. Es preocupante que 117 de estos casos estén aún en investigación fiscal", advirtió el defensor adjunto para derechos humanos, Eduardo Vega.

Explicó que los principales motivos de la dilación de los procesos son la excesiva carga procesal de algunas fiscalías, la falta de fiscalías especializadas a dedicación exclusiva, la demora en la programación de diligencias, y la escasa defensa legal para las víctimas.

SIN DEFENSA LEGAL

Otro de los problemas revelados por la investigación de la Defensoría del Pueblo es que un alto número de víctimas no cuentan con el patrocinio legal que les asegure que sus derechos no están siendo conculcados. De los 192 casos investigados, al menos 58 no tienen abogado, lo que significa un total de 473 víctimas en total indefensión. La mayor parte de ellos integran el acuerdo suscrito por el Perú con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en el 2001.

Mientras que gran parte de las víctimas de los casos presentados por la CVR tienen asistencia legal: 475 a través de organismos de derechos humanos y 33 de forma particular. Sin embargo, existen 654 afectados que no cuentan con ningún tipo de apoyo.

"Hace bastante tiempo le pedimos al Ministerio Público que implemente una unidad de asesoría legal a las víctimas de la violencia política, pero hasta ahora esto no se ha hecho", señaló el defensor para derechos humanos.

Además, advirtió que se ha registrado un peligroso retroceso al aceptarse excepciones de cosa juzgada y naturaleza de acción en seis casos, de los que solo una se declaró infundada. "Y está la demanda de hábeas corpus por el caso del Frontón, que declara prescrita la acción penal, cuando las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y de la Sala Penal Nacional han dicho lo contrario. Son peligrosas contradicciones que se pueden usar en pro de la impunidad".

CIFRAS

  • 654 víctimas de los casos de la CVR y la Defensoría no tienen defensa legal.
  • 145 afectados de la Comisión Interamericana de DDHH carecen de apoyo legal.
  • 129 procesados en los casos  de la CVR y Defensoría tienen orden de detención.

EL PAGO DE LAS INDEMNIZACIONES

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha emitido 23 sentencias condenatorias contra el Estado peruano, señalando su responsabilidad en la violación de derechos humanos. Solo en una de ellas, la del caso Ivcher, no fijó indemnización dineraria.

El informe de la Defensoría del Pueblo señala que el Estado ha cumplido con el pago de las indemnizaciones en 22 casos, así como la atención médica y otorgamiento de becas de estudio a parte de las familias. En este tema recomendó al Ministerio de Justicia que elabore un cronograma para cumplir totalmente con las sentencias impuestas.

Fuente : Diario La República / Por  María Elena Castillo.  7 /12 /07
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